La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a YPF presentar en un plazo máximo de 15 días toda la documentación solicitada en el marco del proceso de discovery, instancia clave para definir si la compañía puede ser tratada como un “alter ego” del Estado argentino en la causa por la expropiación de la petrolera.
El objetivo del requerimiento es establecer el nivel de vinculación entre la empresa y el Gobierno argentino. De comprobarse una dependencia directa, los activos de YPF podrían ser embargados como parte del cumplimiento de la sentencia que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones.
En este contexto, el analista Sebastián Maril explicó que el desafío de YPF será demostrar su independencia frente al aparato estatal para evitar que sus bienes queden comprometidos. “La compañía debe acreditar que no forma parte del Estado y que, por lo tanto, no corresponde ejecutar sus activos”, señaló.
