En los pasillos tribunalicios se rumorea que las absoluciones pagas pueden volver a generar un revuelo en la justicia provincial, como el que causó la liberación de los procesados por el asalto en el Parque America. Esta vez sería en la causa de las órdenes truchas de OSEP, que, dicho sea de paso, sigue durmiendo la siesta de los justos. Y con un agravante que, de confirmarse, no puede menos que terminar en escándalo.
La probation o suspensión de juicio a prueba es una figura jurídica que, bajo ciertas condiciones, permite suspender un proceso penal en curso. Se puede aplicar a pedido del acusado y requiere el cumplimiento de requisitos legales, como no superar una pena de tres años de prisión y la reparación del daño causado. Dicho en criollo, es una alternativa al juicio que le concede al imputado la posibilidad de evitar una condena a cambio de cumplir un plan de conducta y reparar el daño causado.
El “problema”, o llamémosle “complejidad”, es que su aplicación o no depende de una gran sensibilidad y sensatez de parte de los funcionarios judiciales que, en Catamarca, parece no abundar. Como sucedió en la causa por el asalto en el Barrio Parque América, un hecho con ribetes mafiosos donde se mezclaron ajustes de cuenta por cuestiones financieras y condimentos políticos. Y que terminó con un pedido de juicio político contra el juez de Control de Garantías, Héctor Maidana, y el fiscal de la causa, Hugo Cotilla.
Una vía de resolución similar es la propusieron los médicos imputados en la causa por la facturación de las órdenes truchas a la OSEP. La suspensión del juicio a cambio de trabajos comunitarios y el “resarcimiento económico” por el daño causado al organismo público con la facturación de órdenes truchas en un sistema de corrupción en el que, además de los facultativos, hubo otros partícipes, estén determinados en la causa o no.
Para que un pedido de suspensión de juicio a prueba prospere, se entiende que la propuesta de los imputados lleve una “reparación integral del perjuicio” causado, que debe ser evaluado por el Ministerio Publico Fiscal, en el caso de esta causa el fiscal Augusto Barros. Y ahí es que estaría la bomba de tiempo a punto de estallar.
Porque el ofrecimiento económico de los médicos acusados por “fraude en perjuicio de la administración pública” en concurso ideal con “uso de instrumento privado adulterado” es irrisorio y está, bajo cualquier criterio de sensatez y objetividad económica, muy lejos de ser una reparación del daño. Y, más bien, es casi ofensivo y demuestra que, más que arrepentimiento, hay una desesperación por zafar. Porque la suspensión del juicio no implica inocencia.
Pero todo esto va más allá, porque, según se comenta, el miserable ofrecimiento hecho por los abogados defensores en nombre de los médicos acusados “defraudadores” habría sido consensuada con el propio fiscal Barros y siguiendo la sugerencia que este les habría hecho.
Pasando en limpio, según trascendidos, el mismo fiscal que debe sopesar si el ofrecimiento es suficiente para reparar el daño y resolver la procedencia o no del pedido de probation, fue quién sugirió a los acusados que ofrezcan las miserias de resarcimiento públicamente conocidas. Mientras tanto, la OSEP mira desde afuera, como si no le hubieran robado los millones.
La pregunta es por qué el fiscal, representante de los intereses generales de la sociedad y la legalidad, podría transgredir ese límite y, para colmo, sugerirles que ofrezcan un resarcimiento irrisorio. Cuáles serían los intereses detrás de (si se comprobara) semejante mamarracho. Aceptará el fiscal el “ofrecimiento”. Dicen que podría ser un escándalo y ya tiene nombre; Absoluciones Pagas, reloaded.
El catucho
