Mareado tal vez por la cantidad de cargos ejercidos en tan poco tiempo, Dalmacio Mera tuvo una regresión y le pidió plata al Ejecutivo, como si todavía estuviera al frente de un Ministerio. Parece que se olvidó que en su nuevo conchabo se supone que demuestre independencia del Gobierno, incluida financiera. Y, traicionado por la costumbre, mando una notita reclamando unos milloncitos para gastos varios. A lo que, como no podía ser de otra manera, Hacienda dio el OK y ya giró una primera partida.
Una vez conocida la gestión, documentada en una nota firmada por el propio ombudsman, hubo una reacción en bloque de dirigentes, candidatos y legisladores del arco opositor, denunciando la insaciable ansia de fondos. Una debilidad del eterno funcionario que aflora en cada cargo que ejerce. Vale señalar como antecedente cercano, su determinación de comprar vehículos tope de gama en el Ministerio de Educación mientras el Gobernador predicaba austeridad y reclamaba mesura en los gastos.
Pero poco se habló del flagrante avasallamiento a la distancia que, como titular de un organismo de control, debería mantener con el Ejecutivo. Una separación que, en los papeles, proteje la independencia de acción y garantiza la imparcialidad en la defensa de los intereses del “pueblo”. Una independencia que en la ley se protege en todos los niveles, incluidos en el presupuestario.
Para cerrar cualquier resquicio de intromisión o condicionamiento del Ejecutivo en la Defensoría, la ley de creación de la Defensoría del Pueblo establece que el organismo está inserto en la estructura del Poder Legislativo y que sus necesidades financieras deben ser presentadas, discutidas y aprobadas en este ámbito.
“El Defensor del Pueblo elaborará el proyecto de presupuesto (…) y lo enviará a la Comisión de Hacienda y Finanzas de la Cámara de Diputados para que (…) lo adjunte al presupuesto del Poder Legislativo” establece el artículo 36 de la ley 5.337. Resaltando taxativamente que “en ningún caso, el Poder Ejecutivo Provincial podrá introducir modificaciones al contenido del presupuesto de la Defensoría del Pueblo”.
El espíritu de la ley es claro, y busca garantizar la independencia de la Defensoría del Pueblo, estipulando los mecanismos para que no haya una subordinación económica que la condicione. Lo que aplica tanto a proteger al organismo de un condicionamiento mediante la asfixia económica como evitar vínculos dadivosos que lo corrompa en sus funciones. Pero nada de eso parece importarles más que la caja, y se tomaron una pequeña licencia para pedir fondos.
Se podría interpretar como una torpeza, como una desprolijidad cometida en la desesperación de conseguir más moneda. Tal vez urgido por mejorar la flota de vehículos para movilizarse con el confort que un funcionario VIP como el se merece. O quizás apurado en cerrar los nombramientos que despliega en cada lugar en el que aterriza. Pero analizando con más detenimiento, más que una pifia parece un blanqueo.
Después de todo, si la designación fue una especie de ungimiento orquestado de pe a pa por el Ejecutivo, a quién más iría a pedirle plata para los gastos y caprichitos de gestión. Adaptando el refrán: “Dime a quién le pides plata y te diré de quién dependes”.
El catucho
