El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Miembros del Ministerio Público resolvió apartar al fiscal Augusto Barros de la causa en la que se investiga al fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla, tras una denuncia que puso en duda su objetividad.
La decisión fue adoptada el 4 de septiembre y quedó plasmada en la resolución N° 35/2025. El jury consideró que Barros no podía continuar como fiscal acusador luego de que se conociera que había solicitado al actual juez Arturo Herrera Basualdo —quien antes se desempeñó como abogado del denunciante Bernardo Guillou— que revisara el pliego de preguntas que debía formular a testigos en el proceso.
Ante esta situación, Costilla recusó a Barros y pidió su apartamiento por considerar comprometida su imparcialidad. Aunque la normativa no contempla expresamente este tipo de recusación, el Tribunal entendió que correspondía garantizar el principio de objetividad y el debido proceso.
En su descargo, Barros negó cualquier intención de favorecer a alguna de las partes y explicó que recurrió a Herrera Basualdo por razones de urgencia procesal y carga laboral. Sin embargo, finalmente presentó su renuncia como fiscal del Tribunal de Enjuiciamiento para despejar dudas sobre su actuación.
El cuerpo colegiado no solo resolvió su apartamiento, sino que también declaró la nulidad de la acusación formulada por Barros contra Costilla y de todos los actos derivados de la misma. Asimismo, ordenó a la Corte de Justicia designar un nuevo fiscal acusador y dispuso la suspensión de plazos hasta que el funcionario designado asuma el cargo.
En la misma resolución, el Tribunal solicitó a la Corte de Justicia que designe a un nuevo fiscal para llevar adelante la acusación. La medida busca garantizar la continuidad del proceso con un funcionario que actúe con plena independencia y objetividad.
La resolución fue firmada por el presidente del Tribunal, Néstor Hernán Martel, junto a legisladores y abogados que integran el jury, y certificada por la secretaria María Fernanda Vian.
