EL drama del fentanilo contaminado, que ya causó cerca de un centenar de muertes, se mantiene bajo un manto oscuro en Catamarca, donde no quedan clara la situación, ni de la medicación peligrosa ni de los vínculos con el laboratorio señalado como culpable.
El diario La Nación publicó un extenso informe en el que asegura que “lo que sucedía dentro de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, apuntados por las muertes de fentanilo contaminado, dependía de un esquema de protección exterior. Los hermanos García, dueños de los establecimientos, contaban con una red de contactos políticos y judiciales tan frondosos y aceitados que es difícil determinar el papel de cada eslabón. Unos ayudaban a evitar inspecciones, otros frenaban los cierres de las empresas y había también quienes conseguían contratos con el Estado. Así operaron en las sombras durante años. La investigación judicial ahora también apunta a desvíos de drogas al mercado ilegal”.
En ese informe, se menciona a esta provincia: “Ariel García tejió su telaraña de contactos muchas veces a través de conocidos. Un amigo al que le pide que le presente a otro. También a través de promesas a políticos, como la de instalar plantas farmacéuticas en Catamarca, o tendidos eléctricos con los cables de su empresa Epuyén en Chubut. Con esos proyectos entró en contacto con el gobernador Ignacio Torres, a través de su abogado, Gastón Marano, quien habría volado en su avión privado, o con el catamarqueño Raúl Jalil, a quien conoció a través de su hermano, Andrés Jalil, uno de los grandes patrones de la medicina en la provincia norteña”.
Claro, la nota hizo ruido porque no salió en un pasquín o un digital de cuarta, sino en La Nación, y el que echó más leña al fuego fue nada menos que Rubén Manzi, que conoce muy bien el negocio de la salud de los Jalil.
Manzi, manifestó su preocupación y alarma ante la confirmación de que el empresario que está en la mira de la justicia como responsable de casi un centenar de muertes causadas por fentanilo contaminado, tiene vínculos con el gobierno de Raúl Jalil. En efecto, Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A., habría desembarcado en Catamarca el año pasado como uno de los inversores que el gobierno trajo para hacerse cargo de una empresa alimenticia cuyos trabajadores ahora reclaman por el atraso en el pago de haberes.
“El caso de García Furfaro es una muestra de cómo el poder político promociona a estos pseudo empresarios que crecen vertiginosamente a la sombra de contratos multimillonarios con el Estado, o sea con el dinero de todos, y terminan siendo estructuras de una maquinaria de corrupción”, alertó el dirigente político. “Ahora no sólo nos enteramos que hay un centenar de vidas que se cobró el Fentanilo contaminado que produjeron los laboratorios de esta persona y que se distribuyeron por todo el país, sino que además ahora también nos damos que es uno de los tantos empresarios que el gobernador Jalil trajo a Catamarca con millonarios incentivos para montar ese relato del “empleo privado” y que ahora deja a decenas de familia en la incertidumbre de no saber si van a poder poner un plato de comida en su mesa”, apuntó.
La respuesta del Ministerio de Salud provincial dio a entender que había fetanilo contaminado en Catamarca, sin dar mayores precisiones.
“Teniendo en cuenta la situación que se vive en el país con respecto al fentanilo adulterado que provocó la muerte de casi 100 pacientes; desde el Ministerio de Salud de la provincia se tomó las medidas correspondientes para corroborar la existencia en la provincia de lotes de fentanilo adulterado (…) Durante el proceso se detectó que, en dos centros de salud privados, tenían lotes del medicamento por los que se los instó a separarlos y esperar que desde Nación los retiren”, es todo lo que se dijo, sin informar cuáles eran los “centros de salud privado”. Muchas sombras y pocas luces en esta historia.
El catucho
