Por estas horas, la empresa interestadual YMAD es nombrada en las noticias por la condena al ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, declarado culpable por administración fraudulenta de fondos de la minería. Según la justicia federal de Tucumán, junto a otros ex funcionarios universitarios, montó un sistema de corrupción en la administración de obras de infraestructura ejecutadas con los recursos que la institución recibía en concepto de utilidades por la explotación de Minera Alumbrera.
A priori, la condena, la inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos y las multas económicas aplicadas a Cerisola y los demás funcionarios procesados, parece hacer justicia, castigar la corrupción y resolver la impunidad de más de 18 años. Sin embargo, un análisis más detallado de los hechos, el proceso y los castigos aplicados muestran todo lo contrario.
Solo como ejemplo, se calcula que el latrocinio judicialmente comprobado provocó un perjuicio de 5 mil millones de dólares, lo que contrasta escandalosamente con las condenas al pago solidario de apenas 39.000.000 de pesos. Además, las sentencias alcanzaron a solo tres personas, dejando fuera a decenas de otros funcionarios y empresarios involucrados en el esquema de corrupción. Sin entrar en muchos más detalles de una causa y un juicio que algunos señalan como una puesta en escena para garantizar impunidad.
Aunque golpea por la indignante magnitud del desfalco y la lógica trascendencia que tomó el caso, la malversación de los fondos destinados a la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier es un episodio más en la lógica turbia y discrecional con la que, históricamente, se manejó YMAD. Una trinchera de corruptela que, desde el origen de los tiempos, funciona como mostrador de negociados, enriquecimiento de funcionarios, caja política, nepotismo y refugio laboral de ex funcionarios.
Tristemente, la arbitrariedad desvergonzada con la que se corrompió el uso de los recursos con los que se debía construir la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán, es la misma con la que se manejaron, como manual de procedimiento naturalizado, las decisiones y recursos de la empresa de la que también participa la provincia de Catamarca. Mecanismo traccionado por los intereses y beneficios de los funcionarios de turno, con el que se tomaron innumerables y trascendentales decisiones.
Todo esto, con el serio agravante de la acusación a la empresa Minera la Alumbrera Ltda de ser contraparte necesaria de hechos de corrupción. Como lo demostró el trabajo del Consorcio de Periodistas de Investigación, conocido como “Paradise Papers”, que revelaba los vínculos de la minera con sociedades radicadas en paraísos fiscales. Que para la Justicia Federal generaban fundadas sospechas de tener vínculos con los circuitos del dinero vinculado a las obras de la UNT.
En este contexto, y trayendo el análisis a Catamarca, no se puede dejar de mencionar el opaco proceso con el que, en 2020, se formalizó la integración del proyecto Agua Rica con Minera Alumbrera, por el que hay una investigación judicial y muchísimas sospechas que recaen sobre quienes eran autoridades de YMAD en ese momento.
La investigación judicial del fuero federal se enfocó en las sospechas de que varios funcionarios incumplieron sus deberes al validar el acuerdo, desconociendo intencionalmente los glaciares y el ambiente periglacial en la cuenca del Río Andalgalá, en Catamarca.
La integración implicaba enormes beneficios económicos para la empresa Agua Rica, condiciones poco convincentes para YMAD y potenciales riesgos ambientales para la Provincia. Y se habría aprobado, denuncian, a fuerza de aceitar los mecanismos más arriba descriptos. Lo que habría dejado a varios directivos de la interestadual más que listos para el retiro voluntario.
El rastreo histórico también podría llevarnos 3 décadas atrás, para poner la lupa en el mismísimo contrato en el que se cedió la explotación de Bajo La Alumbrera, denunciado por los enormes beneficios que otorgaba a la empresa y las condiciones leoninas que impuso para la provincia, dueña natural de los recursos. Un contrato con ribetes polémicos, por el que muchos señalaron con el dedo acusador a las autoridades de YMAD de aquel entonces.
Por fuera de estos hechos de desmedida inmoralidad, están las otras prácticas de micro corrupción y nepotismo, que aseguran atractivos nombramientos y puestos con jugosos salarios para familiares y amigos. O contratos perpetuos de asesorías para ex funcionarios que, una vez finalizan sus cargos encumbrados, obtienen asilo salarial y cómodas condiciones para no ir a trabajar.
Hoy, en las noticias se habla de YMAD por un caso de corrupción de dimensiones e implicancias escandalosas. Pero es solo un emergente de prácticas naturalizadas en una empresa de la que nadie se retira pobre.
El catucho
