El Juzgado Federal de San Martín resolvió frenar los despidos de 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y advirtió que, de no cumplirse la medida, la multa podría alcanzar los 10 millones de pesos diarios. La decisión judicial llega luego de un recurso presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y se produce en medio de un choque entre poderes del Estado.
El conflicto comenzó cuando el Gobierno avanzó con la cesantía de 300 empleados del INTA, a pesar de que el Senado había dejado sin efecto el DNU 462/25, que habilitaba estas medidas. Para esquivar la decisión legislativa, la Casa Rosada aplicó la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, que provocaba el mismo efecto sobre la dotación de personal.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró el fallo y advirtió que se trata de “un intento deliberado de desconocer las decisiones judiciales y legislativas por parte del Gobierno”. Según el dirigente, “lo reiterativo no disminuye su gravedad: este Gobierno insiste en desafiar a los otros poderes del Estado con una política de ajuste sin sustento legal”.
Desde el sindicato, consideraron la resolución judicial no solo como una defensa de los puestos de trabajo, sino también como un límite institucional frente a las políticas de ajuste y reducción de organismos públicos que la gestión libertaria impulsa desde 2023.
Con este fallo, el Ejecutivo se enfrenta a un frente combinado de oposición: legislativo, judicial y sindical. Para ATE, cada medida favorable en tribunales no solo preserva derechos laborales, sino que también funciona como un freno a la agenda de ajuste del Gobierno.
