La investigación por el caso del fentanilo contaminado sumó nuevas pruebas que comprometen a las autoridades del Laboratorio Ramallo. La Justicia incorporó al expediente una serie de chats de WhatsApp entre trabajadores de la planta, los cuales dejan al descubierto fallas estructurales, negligencia en los procesos y hasta falsificación de documentación clave.
En su dictamen, la fiscal federal Laura Roteta citó estos mensajes como prueba central al imputar a Ariel García Furfaro y otros responsables de la firma, acusados de delitos que podrían derivar en condenas de hasta 25 años de prisión.
Uno de los diálogos, fechado en mayo de 2024 —siete meses antes de la distribución de los lotes contaminados—, refleja la preocupación de un empleado: “La verdad que es lamentable lo de producción, hasta que no pase algo grave, parece que no van a escarmentar”.
Otra conversación da cuenta de anomalías en los controles de calidad: “Comparando con el producto terminado que teníamos disponible daba 88,9%. 20 minutos después lo trajeron y está en 89,9%… Para mí algo está fallando en el espectrofotómetro, pensá que nunca se calibró o se le hizo mantenimiento”. Según la fiscalía, este tipo de fallas comprometía la confiabilidad de los análisis y el cumplimiento de los estándares sanitarios.
Los investigadores también detectaron evidencias de manipulación de los registros de producción, conocidos como batch records. Según admitieron los propios trabajadores en los chats, los documentos no se completaban en tiempo real y muchas veces eran confeccionados después de manera ficticia, lo que ponía en riesgo la trazabilidad de los lotes.
A las irregularidades técnicas se suman condiciones de infraestructura y limpieza calificadas como críticas: suelos deteriorados, techos dañados, humedad en reactivos con riesgo de explosión y presencia de palomas en depósitos. Los mensajes incluso mencionan llamados para reparaciones urgentes, lo que confirma que las deficiencias eran conocidas por los niveles directivos del laboratorio.
