Es la primera vez que un expresidente de Colombia podría recibir una sentencia penal en primera instancia
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue declarado culpable este lunes por el delito de soborno en actuación penal, en el marco de una causa que investiga su presunta responsabilidad en la manipulación de testigos que lo vinculaban con el paramilitarismo en la región de Antioquia.
La decisión fue tomada por la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, tras una extensa audiencia de seis horas. En su fallo, la magistrada concluyó que el exmandatario de 73 años, a través de su abogado Diego Cadena, ofreció beneficios a testigos encarcelados para cambiar o retractar declaraciones en su contra, con el objetivo de favorecer su situación judicial.
Según la jueza, Uribe utilizó emisarios para contactar a personas privadas de la libertad, entre ellas al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, con la intención de que no declarara sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares y, además, para que incriminara al senador Iván Cepeda. Esta maniobra, según el expediente, constituye un delito de soborno en actuación penal.
El caso se originó en 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por supuestamente manipular testigos. Sin embargo, la investigación dio un giro cuando la Corte Suprema recopiló pruebas que demostraban que, en realidad, Uribe habría intentado manipular testimonios en su favor. Así, Cepeda pasó de ser acusado a víctima, y el expresidente se convirtió en imputado.
Aún resta que la jueza Heredia se pronuncie sobre otras dos imputaciones que pesan sobre Uribe: fraude procesal y soborno, las cuales podrían agravar su situación judicial y llevar a una condena que oscilaría entre seis y doce años de prisión.
Piden protección para la jueza
Tras conocerse el fallo, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) expresó su respaldo a la jueza Heredia y pidió a las autoridades garantizar su seguridad. A través de un comunicado, el gremio judicial subrayó la importancia de respetar la independencia y autonomía de los jueces, e instó al Gobierno y al Consejo Superior de la Judicatura a mantener las medidas de protección necesarias.
Este proceso marca un hito en la historia judicial de Colombia, ya que podría derivar en la primera condena penal en primera instancia contra un expresidente del país, generando fuertes repercusiones en el ámbito político y judicial.