El Gobierno nacional, conducido por Javier Milei, puso en marcha el proceso de privatización de AySA, la empresa estatal que brinda servicios de agua potable y saneamiento a más de 11 millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
La estrategia oficial contempla la venta del 90 % de las acciones de la compañía a través de un modelo mixto que incluirá “una licitación pública nacional e internacional junto con una oferta pública inicial en la Bolsa de Comercio”. El 10 % restante quedará en manos de los empleados de la firma mediante un programa de “participación accionaria”.
La decisión forma parte del plan del Ejecutivo para reducir el tamaño del Estado e incorporar capital privado a sectores clave. En ese sentido, destacan que AySA “pasó de registrar pérdidas a generar un superávit operativo de 104 mil millones de pesos en 2024”, tras aplicar una fuerte suba tarifaria —casi cuadruplicada desde el inicio de la actual gestión— y reducir su planta de personal en más de 1.400 empleados.
Para llevar adelante la operación, el Gobierno trabaja en dos decretos: uno para autorizar la venta de la empresa y otro para modificar el marco regulatorio vigente del servicio de agua y saneamiento. Según trascendió, la convocatoria a oferentes estaría prevista “para fines de 2025”, y la adjudicación del nuevo operador podría concretarse “en el primer semestre de 2026”.
La medida revive un esquema similar al implementado en 1993 durante el mandato de Carlos Menem, cuando se concesionó Obras Sanitarias de la Nación. Aquel modelo fue revertido en 2006 por el kirchnerismo, que reestatizó el servicio tras denunciar fallas en las inversiones comprometidas y en la atención al usuario. La reversión de ese contrato derivó en una demanda internacional contra el Estado argentino ante el CIADI, que terminó con un fallo adverso para el país.