En el marco del litigio internacional por la expropiación de YPF, el Gobierno de los Estados Unidos se posicionó a favor de Argentina y pidió que se suspenda la entrega de acciones de la petrolera. La intervención del Departamento de Justicia se dio ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que ya había dictado una medida de suspensión temporal y deberá resolver de forma definitiva antes de fin de mes.
En su presentación, el gobierno estadounidense argumentó que el caso plantea “cuestiones significativas para la política exterior de los Estados Unidos”, y advirtió que una ejecución anticipada de la sentencia podría generar consecuencias negativas sobre cómo se tratan los activos estadounidenses en tribunales de otros países. Además, remarcó la importancia de preservar “la correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana”.
Por su parte, los fondos demandantes —que habían obtenido un fallo favorable en primera instancia— presentaron un escrito en el que aseguraron que no buscan quedarse con el control accionario de YPF. Señalaron que, en caso de recibir las acciones, su intención sería devolverlas, aunque exigieron que Argentina deposite una garantía financiera para poder continuar con la apelación. Según el analista Sebastián Maril, los demandantes también rechazaron que el país pueda avanzar en el proceso judicial sin presentar dicho respaldo.
La posición del Departamento de Justicia no es nueva. Ya en noviembre de 2024, el organismo había manifestado su apoyo a la postura argentina mediante una presentación ante la jueza Loretta Preska, oponiéndose a una ejecución inmediata del fallo.
Este respaldo actual marca un giro en relación a la postura que el mismo organismo había adoptado en 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando intervino en otra causa relacionada con la inmunidad de jurisdicción y recomendó desestimar los argumentos de defensa del Estado argentino.