La jueza Martina Forns, del fuero Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de San Martín, resolvió suspender por seis meses la aplicación del Decreto 461/2025, que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida fue adoptada tras hacer lugar parcialmente a una cautelar presentada por el gremio Sevina, que representa a los trabajadores del organismo.
Durante ese plazo, el Estado no podrá avanzar con traslados, cesantías, reubicaciones ni otras modificaciones sobre la estructura de Vialidad Nacional. La magistrada argumentó que existen “circunstancias graves y objetivas” que justifican mantener el actual estado de situación, con el objetivo de evitar “perjuicios irreparables” mientras se resuelve el fondo del asunto judicial.
En su fallo, Forns destacó que el Estado, en su rol de empleador, no puede modificar unilateralmente condiciones laborales que están protegidas por normas colectivas vigentes. En ese sentido, citó la Constitución Nacional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional, entre ellos los números 87, 98 y 151.
La jueza aclaró que su decisión no implica un pronunciamiento sobre la validez del decreto en cuestión, ya que ese análisis deberá darse en una etapa posterior del proceso, con mayor producción de pruebas y un debate más amplio entre las partes.