La pesca argentina enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente: más de 110 buques congeladores dedicados al langostino están paralizados desde marzo, generando pérdidas por más de 200 millones de dólares y dejando sin actividad a más de 5.000 marineros.
El conflicto se originó en torno a un convenio colectivo firmado en 2005, que establece un esquema de pagos salariales en pesos más una participación en las ganancias, fijada sobre valores internacionales del langostino que ya no se sostienen. En ese entonces, el kilo de langostino salvaje valía más de USD 10; hoy no supera los USD 5,50.
“El negocio cambió radicalmente. Competimos con productos de cultivo más baratos y con volúmenes seis veces mayores. Hoy, con estos costos, el modelo es inviable”, advirtió Eduardo Boiero, presidente de CAPeCA, una de las cámaras empresarias que agrupa a los armadores pesqueros.
Según las cámaras del sector —CAPeCA, CAPIP y CEPA—, los 113 barcos congeladores que abastecen al mercado internacional están amarrados, lo que implica la pérdida de al menos 40.000 toneladas de captura que ya no se podrán recuperar. Cada marea requiere una inversión inicial cercana a los USD 200.000 y, con los precios actuales, puede representar una pérdida de hasta USD 15.000, según explicó Agustín de la Fuente, gerente de CAPIP.
Uno de los principales factores de este desequilibrio es el costo de la tripulación, que representa actualmente hasta el 60% del total de una marea, el doble del promedio histórico. Los gremios, encabezados por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), rechazan esa cifra y se niegan a renegociar a la baja los ítems variables de producción.
Mientras tanto, los marineros cobran el salario básico bruto de $580.000 mensuales (sin antigüedad), sin posibilidad de generar ingresos adicionales por producción. Esto provocó un creciente malestar entre los trabajadores, que decidieron lanzar una campaña autoconvocada bajo el lema “¡Salgamos a pescar ya!”, que ya cosechó más de 11.000 firmas.
A través del sitio www.salgamosapescarya.com, expresaron su frustración por la falta de representación sindical y apuntaron directamente contra la postura inflexible del SOMU. “La voz de estos trabajadores, que históricamente han sido protagonistas silenciosos del motor exportador pesquero, hoy resuena con fuerza en las redes sociales”, señalaron.
La actividad pesquera argentina exporta a más de 100 mercados y genera 46.000 empleos directos, con un aporte anual cercano a los 600 millones de dólares en divisas. La parálisis golpea particularmente a Mar del Plata, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia, afectando toda la cadena productiva, logística y comercial.
Mientras el conflicto se agrava, desde el sector empresarial insisten en la necesidad de rediscutir el convenio colectivo para adaptarlo a un mercado que ya no responde a las condiciones del pasado. “Los convenios no son intocables. Si no se actualizan, se pone en riesgo toda la industria”, advirtió Boiero. En tanto, los trabajadores siguen esperando una solución que les devuelva el sustento.