Luego de tres años de dilaciones y aparentes omisiones en la investigación, el Juzgado Federal de Catamarca ha dado un giro en la causa que involucra al empresario Edgar Adhemar Bacchiani y otros imputados. En una resolución firmada el pasado 18 de marzo, el juez Miguel Ángel Contreras ordenó la citación de nuevas declaraciones testimoniales, marcando un cambio de estrategia en el abordaje del caso.
El expediente, que se originó a partir de una denuncia encabezada por Gustavo A. Benegas y otros damnificados, ha estado en el centro de la atención pública debido a las demoras judiciales y a la falta de avances sustanciales. Sin embargo, la nueva medida tomada por el Juzgado Federal sugiere que, finalmente, podría haber una voluntad real de esclarecer lo sucedido.
Una investigación sin imputaciones: una decisión llamativa
Lo que resulta particularmente curioso es que, a diferencia de anteriores instancias de la causa, esta vez el Juzgado Federal ha optado por no formular imputaciones precipitadas, como sí lo hizo en el pasado y de manera injustificada en algunos casos. Este cambio de enfoque plantea interrogantes sobre la responsabilidad del juzgado en la dirección previa de la investigación y el impacto que sus decisiones tuvieron en las personas imputadas de manera cuestionable.
Audiencias testimoniales: el nuevo rumbo de la causa
Conforme al decreto firmado por el juez Contreras, se fijaron audiencias testimoniales para diversos testigos clave. Entre ellos se encuentran Pablo Ariel Morales Berasay, Sara Arminda Cubas Vera, Vanesa Soledad Lourdes Quiroga, Héctor Rafael Zárate, Ángela Cipriana Lucero Andrada, Franco José Franzosi y Marco Ángel Franzosi. Estas declaraciones podrían ser determinantes para esclarecer las maniobras que rodearon el caso y aportar información crucial sobre la posible responsabilidad de Bacchiani y su entorno.
El rol del Juzgado Federal: ¿negligencia o corrección tardía?
El giro en la investigación plantea una cuestión ineludible: ¿qué responsabilidad le cabe al Juzgado Federal en las demoras y en las eventuales imputaciones erróneas? Durante tres años, la causa se mantuvo en un estado de estancamiento, lo que generó perjuicios no solo a los denunciantes, sino también a aquellas personas que fueron injustamente vinculadas al expediente.
Si bien la nueva dirección de la investigación podría interpretarse como una corrección de los errores previos, también es válido preguntarse si no se trata simplemente de una reacción tardía ante la presión pública y la evidente falta de resultados concretos en la causa.
El desarrollo de las audiencias testimoniales en las próximas semanas será clave para determinar si este cambio de rumbo significa un verdadero compromiso con la justicia o si es solo una maniobra dilatoria más en un expediente que ya ha generado demasiadas dudas sobre la actuación del Poder Judicial Federal en Catamarca.
