En 2014 se inició la causa judicial “SAF y otros c/ E Nacional y otros s/Amparo Ley 16.986” con el objetivo de que el Ministerio de Salud de la Nación y el de la Ciudad de Buenos Aires garantizaran la externación de cuatro personas que, pese a contar con el alta médica, seguían internadas en hospitales psiquiátricos por falta de vivienda y recursos para vivir en la comunidad. Un año después, la Justicia amplió el alcance de la causa al comprobar que cientos de personas se encontraban en la misma situación y ordenó la creación de dispositivos para su externación. Sin embargo, tras casi una década, el fallo sigue sin cumplirse, dejando en evidencia la falta de compromiso estatal con los derechos de las personas con discapacidad psicosocial.
En septiembre de 2024, el Poder Judicial volvió a intimar a los ministerios de salud a presentar un relevamiento actualizado sobre la cantidad de personas en situación de alta médica que permanecen internadas en hospitales monovalentes públicos. También exigió un informe sobre las medidas implementadas o planificadas para cumplir con la sentencia, incluyendo la participación de organizaciones de personas con discapacidad en el diseño de estas acciones, en cumplimiento con el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A pesar de la nueva orden judicial, ninguna de las autoridades involucradas cumplió con la presentación de la información requerida. Ante esta omisión, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) volvió a denunciar el incumplimiento ante el juez a cargo. Luego de analizar la situación, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 enfatizó que las decisiones judiciales deben ser cumplidas en su totalidad y que los jueces y juezas tienen la responsabilidad de tomar medidas efectivas para evitar que sus fallos queden sin aplicación.
En respuesta a los reiterados incumplimientos y la gravedad de la situación, la Justicia resolvió imponer una multa diaria de $100.000 a cada ministerio. Los fondos recaudados serán destinados a la implementación de políticas que faciliten la externación de las personas que aún permanecen internadas sin justificación médica.
Este fallo ratifica lo que ACIJ ha denunciado durante años: en Argentina no existen políticas públicas nacionales ni de la Ciudad de Buenos Aires orientadas a garantizar el acceso a servicios habitacionales, laborales, sanitarios y sociales que permitan a las personas con discapacidad psicosocial vivir en comunidad en lugar de permanecer privadas de su libertad en hospitales psiquiátricos.