El Gobierno anunció que dictará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para formalizar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo remitirá al Congreso para obtener su “apoyo”. La medida generó controversia, ya que la legislación vigente, conocida como “Ley Guzmán”, exige que cualquier endeudamiento con organismos internacionales debe ser aprobado por el Poder Legislativo.
En un comunicado publicado este jueves por la Oficina del Presidente, se justificó la urgencia del acuerdo, argumentando que permitirá “fortalecer el balance del Banco Central”, consolidar la estabilidad económica y avanzar con la reducción de la inflación. Además, se afirmó que el presidente busca “un compromiso urgente del Congreso, como ocurrió en administraciones anteriores”.
Por su parte, la vocera del FMI, Julie Kozack, señaló en una conferencia de prensa que el apoyo parlamentario es una decisión interna del Gobierno argentino y destacó que las negociaciones avanzan de manera positiva. Sin embargo, el Ejecutivo busca que el Congreso solo autorice la toma de deuda sin revelar los detalles completos del nuevo programa, lo que ha generado preocupación en la oposición y sectores económicos.
La Ley Guzmán y el control legislativo sobre la deuda
La Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, impulsada por el exministro de Economía Martín Guzmán en 2021, establece que cualquier endeudamiento en moneda extranjera bajo legislación internacional requiere aprobación del Congreso. Además, en su artículo 2º, especifica que todo programa de financiamiento con el FMI, así como cualquier ampliación de montos, debe ser autorizado expresamente por una ley.
Este marco normativo fue creado tras la crisis generada por el préstamo de USD 57.000 millones tomado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 sin intervención del Congreso. De ese monto, Argentina recibió USD 44.000 millones, lo que derivó en una fuerte restricción fiscal y condicionó las políticas económicas de los gobiernos siguientes.
Según fuentes oficiales, el nuevo acuerdo con el FMI incluiría desembolsos para reforzar las reservas del Banco Central, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que esto “no implicará un aumento de la deuda bruta”, ya que los fondos se utilizarán para recomprar pasivos del Tesoro.
El debate ahora se centra en si el Congreso avalará el DNU o si la oposición lo rechazará por considerar que viola la legislación vigente. El oficialismo busca acelerar la aprobación en el primer cuatrimestre del año, pero el proceso legislativo y la burocracia del FMI podrían demorar su implementación.