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Surrealismo e impunidad

En 2007 se construyó en Aconquija un barrio financiado por el IPV en un terreno que no le pertenecía ni al organismo público ni a la empresa constructora, y recién ahora, 13 años después, la Provincia pudo recuperar las viviendas. Fin de la historia, no hay remate. Así de insólito y grotesco como suena, 20 casas de un programa habitacional financiado con fondos públicos estuvieron 13 años rehenes de un surrealista proceso administrativo y judicial, por la inoperancia, irresponsabilidad y permisividad de quienes gestionan lo público. 

Ahora, el Gobierno anunció que finalmente se pudo recuperar el barrio y se avanzará en la recuperación edilicia de las casas deterioradas por más de una década de abandono forzoso. Aunque, como suele suceder en este tipo de episodios en los que el daño lo sufren el Estado y la sociedad, no hay ni responsables ni consecuencias para los 

El barrio en cuestión se había comenzado a construir en 2005 en Aconquija, departamento Andalgalá, durante la gobernación de Eduardo Brizuela del Moral. El proyecto financiado por el IPV, administrado en ese momento por Eduardo Brizuela del Moral (hijo del mandatario), contemplaba la construcción de 20 viviendas y fue adjudicado en licitación a la empresa ECOVIAL SRL. 

En aquel entonces, en los pliegos de licitación, el IPV exigía a las empresas oferentes que dispongan de los terrenos para la construcción del barrio para el que se presentaba a concursar. Y, consecuentemente, la empresa ECOVIAL SRL ganó la licitación habiendo adquirido un terreno “x” para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, el barrio se construyó en otro terreno, que no era ni de la empresa constructora ni del IPV. 

Cuestiones de factibilidad técnica, conveniencia económica y otros argumentos de pura improvisación fundamentaron la decisión de reubicar la ejecución del proyecto a un terreno colindante. Así, sin más, como quién en un bar se cambia de mesa para tener una mejor ubicación, la empresa (se entiende que con la aprobación del IPV) decidió construir en un terreno del que no era dueño.

Dirán que se habían iniciado las gestiones para la compra o el canje de los nuevos lotes y que el proceso se truncó. Lo cierto es que la empresa COVIAR, con una liviandad irresponsable, reubicó el proyecto sobre un terreno del que no tenía las escrituras. Y dos años más tarde, concluyó un barrio de 20 casas que el IPV nunca pudo tomar posesión. Simplemente porque nunca habían cerrado la transacción inmobiliaria y el legítimo dueño de los terrenos no iba a ceder sus derechos por caridad.

Así fue que, en una situación de cuasi usurpación, un barrio entero construido con dinero del Estado y que debía dar una solución a 20 familias andalgalenses, quedó en medio de un litigio judicial entre la constructora y el dueño de los terrenos. La causa judicial fue formalmente iniciada en 2008 por Rodolfo De Chazal, legítimo propietario de las tierras, quien demandó a ECOVIAL SRL por reivindicación y daños y perjuicios.

En ese escenario caótico, que probablemente se replicara en toda la administración del IPV, no sorprende que la situación se haya barrido bajo la alfombra y mantenido en secreto hasta por años, hasta que los Brizuela del Moral se alejaron de su funciones y el FCyS dejó de gobernar la provincia. Fue en 2012, el entonces secretario de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, quien denunció la problemática e hizo público bochornoso y costosísimo error. 

Ese mismo año, los senadores del FCyS Daniel Saadi y José Perea presentaron un proyecto de ley para expropiar las tierras, como una vía de resolución al conflicto que ya tenía más de 4 años. Sin embargo, la iniciativa que fue aprobada en la Cámara Alta, no logró el acompañamiento de los diputados y quedó cajoneada e inmovilizada, casi igual que las 20 casas que pretendía rescatar del limbo.

En 2016, cuando el barrio hacía 9 años que estaba terminado y abandonado a la espera de una resolución del inaudito conflicto, el Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial, a cargo del juez Jorge Avellaneda, ordenó la demolición de las 20 viviendas. En su resolución, el magistrado ordenaba a la empresa ECOVIAL SRL el “reintegro correspondiente, ordenando el lanzamiento de ésta de los terrenos que forman parte del inmueble de De Chazal. Y la demolición de todo lo construido”.

Fue una nueva intervención del Poder Legislativo, esta vez exitosa, la que logró detener la demolición. A los días de que se conociera la disposición del juez, diputados del FCyS reflotaron el proyecto de expropiación (que había perdido estado parlamentario por no haberse tratado) y, en un trámite expedito y sobre el límite del tiempo, transformaron el ley la expropiación que frenó la demolición y abrió el camino a la solución. Un camino que todavía dura cuatro años más de recorrido para que la Provincia finalmente pueda disponer de las 20 viviendas por las que había pagado 13 años antes.

En paralelo al proceso judicial, legislativo y administrativo para recuperar el barrio, en 2012 Fiscalía de Estado había hecho una denuncia judicial para determinar las responsabilidades de los funcionarios y la empresa en la gravosa gestión. La denuncia,  iniciada ante la Fiscalía de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial de Andalgalá fue contra el administrador del IPV, Eduardo Brizuela del Moral (h) por “ incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y falsificación de instrumento público”. Sin embargo, como suele ocurrir en los casos donde lo que se dilapida son fondos públicos, la justicia no avanzó.

Días atrás, justamente el fiscal de Estado, Marcos Denett (que casualmente también ejercía esa función en 2012 cuando se hizo la primera denuncia) anunció que la justicia efectivizó el traspaso de la posesión de los terrenos y las 20 viviendas construidas. Por lo que ahora habrá que iniciar una recuperación para restaurar los daños que más de una década de abandono y vandalismo provocaron. 

La buena noticia es que 20 familias están más cerca de tener solucionado el problema habitacional que tanto aqueja a la provincia. La mala es que una vez más queda demostrado que los recursos públicos se pueden dilapidar, administrar mal y hasta tirarse a la basura sin que haya consecuencias para los funcionarios. 

A la inversión para la construcción de las 20 viviendas hay que sumarle el costo económico de 13 años de trámites administrativos, de litigio judicial, de intervenciones legislativas, del proceso de expropiación y de las obras de recuperación del barrio que se deberán hacer para que las casas vuelvan a estar habitables. Millones de pesos esfumados para solucionar un error surrealista. Más los años de espera y postergación de varios centenares de catamarqueños tuvieron que padecer el mamarracho. Daños que se sufrieron y costos que solventaron, pero por los que nadie responde y se diluyeron en la impunidad.

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