El texto aprobado difiere de la ley nacional: la autoridad de aplicación no será el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, sino los titulares de cada poder del Estado provincial.
Con un debate de cinco horas y una multitud en las afueras del recinto, la Legislatura de Tucumán aprobó la adhesión sin modificaciones a la ley nº 27.499, conocida como Ley Micaela.
El proyecto con dictamen de mayoría fue aprobado por 39 legisladores frente a 8 en contra en una jornada intensa de debate marcado por dos nuevos femicidios en la provincia.
El principal opositor fue el bloque de Fuerza Republicana, dirigido por Ricardo Bussi y Nadima Pecci, quienes presentaron otra iniciativa junto al legislador radical Raúl Albarracín.
La adhesión de la Provincia de Tucumán a la Ley Nacional nº 27.499 establece el Programa de Capacitación Obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres destinado a todas las personas que se desempeñan en la función pública de los tres poderes del Estado en todos los niveles y jerarquías.
A su vez, exigieron que “quienes dicten las capacitaciones sean personas idóneas, con perspectiva de género y conocimiento de las problemáticas de violencia, géneros y diversidad y no se encuentren en condiciones de precariedad”.
“Su adhesión fue posible gracias a lucha que llevamos adelante mujeres, feministas, organismos de derechos humanos, sindicatos, estudiantes y disidencias. No es la voluntad política que pretenden instalar” advirtieron.
