El Gobierno decidió difundir los datos de los beneficiarios de medidas impositivas y financieras, por lo que generó una polémica en forma inmediata en torno de la protección del secreto fiscal y de la información privada de las personas.
En una resolución, el Gobierno indicó que “en orden a una adecuada difusión de la información relativa al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el Comité recomienda que la Jefatura de Gabinete de Ministros proceda a publicar en el sitio web” una serie de datos.
Al respecto, pidió que se publicara la siguiente información:
-Respecto del beneficio de la postergación o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino, el listado de beneficiarios incluyendo sus CUITs, nombres, actividad y especie de beneficio acordado.
-Respecto del beneficio del Salario Complementario, el listado de empleadores cuyos trabajadores se ven alcanzados por el beneficio, incluyendo sus CUITs, nombres, actividad y cantidad de trabajadores beneficiados por empresa.
-Respecto del beneficio del Crédito a Tasa Cero: la cantidad de beneficios (créditos) acordados y monto de los mismos agregados por categorías del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o por revestir la condición de autónomos.
“Al efecto, la Anses y la AFIP deberían proporcionar la información correspondiente a tales beneficios a la Jefatura de Gabinete procediendo a actualizarla con la periodicidad que se determine para su correcta difusión”, expresó la norma oficial.
A esto se suma la difusión, días atrás, de una lista de beneficiarios de estos programas, incluyendo empresas de diversos rubros, como salud y transporte.
El abogado experto en temas tributarios Diego Fraga dijo que “si la información difundida hubiese sido obtenida de la AFIP entiendo que podría haberse visto afectado el secreto fiscal, ya que se publicaron datos personales de empleados del sector de transporte a los que se le abonó parte del sueldo”.
“Si bien a las empresas les hacían firmar una dispensa del secreto fiscal para acceder al programa de ayuda estatal, la misma era para evaluar la procedencia del beneficio y sólo implicaba compartir datos con ANSES y el Ministerio de Trabajo. Y eran datos de la empresa, no de sus empleados”, aclaró el profesor de la Universidad Austral.
