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Narcoestado: ¿la realidad supera a la ficción?

Ni en una película de narcotraficantes de Clase B, pudo idearse una trama tan extraña como la que se va definiendo en la investigación de los procesos judiciales abiertos por drogas en Catamarca.

Cada elemento que se suma añade terror a una cadena de denuncias y contradenuncias cada vez más enmarañada, en la que sin embargo comienzan a emerger elementos que cierran con bastante lógica, y por algo se suceden las novedades en ámbitos judiciales.

La teoría del “narcoestado”, que alguna vez pareció no más que una fantasiosa chicana de campaña, está tomando forma dramáticamente, y el peso de los involucrados abre interrogantes que deben aclararse con premura, porque ya no están en juego sólo apellidos e historias personales, sino la credibilidad de las instituciones.

La pandemia del coronavirus, la reforma estatal, los conflictos gremiales y otras noticias acaparan la atención de un público alejado de esta situación, y más preocupado por saber cómo se va saliendo de la eterna cuarentena. Pero el cuadro es grave. Gravísimo.

Tenemos a altos mandos de la policía de Catamarca detenidos, a un fiscal federal en proceso de destitución, operativos antidroga anulados, narcotraficantes que aseguran que pagaban a quienes –con la fuerza pública y el derecho- debían combatirlos, acusaciones contra un secretario de Seguridad que ahora es fiscal de Estado, y supuestos vínculos con los más altos niveles del poder político.

Sumar los elementos que obran en la causa –en las causas en realidad- no revela un hecho aislado de corrupción, que ya sería suficientemente grave, sino la existencia de todo un sistema corrupto, podrido, un negocio redondo que al parecer funcionaba como un sistema aceitado de recaudación y pago.

Aquí se habla prácticamente de tarifas para habilitar a los delincuentes más peligrosos, autoridades que habrían sacado provecho de actividades ilegales, pagos en cuotas, tajadas de dinero malhabido que se repartía por despachos gubernamentales y dependencias policiales, operativos pantalla y connivencias de presuntos perseguidos y perseguidores que habrían actuado como equipo para mutuo beneficio.

Es un conjunto de datos espeluznante, que desató una cadena de nuevas acusaciones que ya nadie sabe hasta dónde alcanzará.

Lo peor es que no hablamos de alguna malversación de fondos, sino de tráfico y venta de drogas pesadas, las mismas que destruyen a jóvenes y niños catamarqueños, a sus familias, y son motor y causa de los más violentos delitos.

Ya no queda zona para grises: este tema debe aclararse a fondo y es de esperar que ninguna mano poderosa aparezca en el medio para proteger ni encubrir.

Si estos delitos existieron, debe aplicarse todo el peso de la ley.

Exijamos que las internas policiales y judiciales, y tampoco las políticas, se mezclen en este proceso, porque como nunca la población debe conocer la verdad sin filtro y hasta el último detalle.

Si no es así, las instituciones jamás podrán recuperar la confianza de la comunidad.

La Visión del Catucho

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