La renuncia/ despido de Ginés González García por el escándalo de la Vacunación Vip se parece mucho a un fusible, que salta cuando hay un cortocircuito para proteger el sistema, pero que no soluciona el desperfecto. Cuanto más escala el escarnio público al ex ministro de Salud de la Nación, sacrificado a la vista de todos como una puesta en escena de intolerancia a la corruptela, más queda en evidencia lo sistémico de las irregularidades y la hipocresía del castigo.
No porque Giné González García no tuviera responsabilidad en todo el repudiable esquema de privilegios políticos en la administración de la vacuna. Sino, porque es innegable que hay otro centenar (tal vez millar) de involucrados en el vacunagate, partícipes necesarios que parecen salir indemnes como si nada tuvieran que ver con la trama de irregularidades.
La incipiente investigación (judicial, administrativa y periodística) ya develó una larguísima lista de personas que consiguieron ser vacunadas gracias a la influencia política, propia o de terceros cercanos, y que no encuadran de ninguna manera con los esenciales de la primera línea de lucha contra el coronavirus. Que, se suponía, eran la prioridad en la administración de la, todavía escasa, vacuna.
El listado de notables nacionales favorecidos por la Vacunación Vip se completa con otros cientos de personajes de menor trascendencia, pero cuya vacunación irregular es igual de indignante. Entre ellos, una caterva de políticos provinciales, que con mayor o menor disimulo, recibieron la vacuna. El Gobernador a la cabeza, ministros, decenas de intendentes, entre otros funcionarios de Catamarca, fueron inoculados con las primeras dosis de la Sputnik V que llegaron a la provincia a cuenta gotas.
Uno de los problemas centrales que facilitaron este escenario fue la improvisación y la falta de reglas claras y taxativas sobre el criterio para distribuirlas y aplicarlas, que dejó en manos de unos pocos funcionarios la discrecionalidad para decidir quienes eran “los esenciales de la primera línea de lucha contra el virus”. Porque cuando las reglas no son claras y las decisiones son discrecionales, se camina por el fino límite entre lo legal y lo ético. Y ese es el otro problema. La ética no abunda.
¿Bajo que criterio funcionarios jóvenes, sanos, fuera de todos los grupos de riesgo, fueron incluidos entre los “esenciales”? ¿Cómo el intendente de Fray Mamerto Esquiú, o la intendenta de Fiambalá, por mencionar algunos ejemplos, terminaron recibiendo dosis de una vacuna de la que apenas se disponían una miles de dosis? Más grave aún, muchos de ellos, como la intendenta fiambalense, recibieron dos dosis cuando, por la necesidad de hacer rendir las poquísimas disponibles y con la comprobación de que una sola inoculación genera los anticuerpo necesarios, se dispuso aplicar solo la primera.
Cuesta discernir la diferencia entre la vacunación irregular de los 70 del listado publicado por el Salud de la Nación y la aplicación del inoculante a decenas de ministros e intendentes en Catamarca. Porque, en el “río revuelto”, tal vez se le haya dado a la vacunación de funcionarios catamarqueños la calidad de “legal”. Pero de “ético” tiene poco y nada.
La ejecución pública al ex Ministro de Salud funcionó como bomba de humo. La estrategia fue concentrar toda la culpa en un solo funcionario y defenestrarlo. “Un hecho que (…) no puede avalarse”, dijo Alberto Fernández. “Una situación incorrecta, reprochable”, evaluó Carla Vizzotti. Y cerraron el asunto en que todo había sido un hecho aislado, puntual cuyo único responsable había sido el Ministro. Pero lo que se dijo de Gonzalez Garcia, aplica por extensión a todos los que recibieron una vacuna sin ser realmente “esenciales”.
Para distribuir equipos de salvataje, provisiones, medicamentos o atención médica en situaciones de emergencia, históricamente el lema fue “primero las damas y los niños”. Y en contextos de catástrofe, se prioriza “a los más débiles”. Y aun así, en el caos de lo inesperado, había quienes intentaban aprovecharse y recibir lo que no les correspondía. De manera similar, en el escenario pandémico, donde las primeras dosis de vacunas eran para los “esenciales” que ponen el cuerpo “en la primera línea” de lucha contra el coronavirus, aparecieron los vivos e inescrupulosos. Poniendo el hombro y recibiendo una vacuna que debería aplicarse en el brazo de los que literalmente, ponen el cuerpo y garantizan el funcionamiento del sistema sanitario.
Yendo un poco más allá, todo el entramado de la Vacunación Vip no deja de ser otra demostración del sistema de privilegios más o menos sutiles del que gozaron funcionarios durante toda la cuarentena. Reuniones, viajes, mítines y hasta celebraciones, mientras los ciudadanos permanecían encerrados en sus casas, los comerciantes con sus negocios cerrados y los estudiantes sin ir a la escuela.
Apenas explotó el escándalo nacional, varios de los funcionarios provinciales intentaron diluir su culpa diciendo que “todos los intendentes y ministros” habían sido vacunados. Sin embargo, muchos de estos, sobre todo intendentes de la oposición, desmintieron haber recibido alguna dosis. Generando más confusión y sospechas.
No parece pretencioso reclamar que, así como Nacion publicó las listas de los vacunados, el Gobierno provincial de a conocer el listado de todos aquellos que, sin ser parte del sistema sanitario de lucha contra el covid, recibieron la vacuna. Y que expliquen el criterio con el que se lo decidió. Aunque parece poco probable que lo haga.
Tribunero, el castigo ampuloso a Giné González García es una maniobra simplista e hipócrita, que intenta convencer de que hay un solo traidor que merece ser sancionado. Pero todo, aunque se pretenda disimular, se hace extensivo a los demás involucrados. Que también deberían dar sus explicaciones.
