Fiscalía de Estado anunció que recurrió a la Corte de Justicia de la Nación para seguir la pelea por un cargo en el directorio del ENRE. El organismo provincial reaccionó con un Recurso Extraordinario Federal para protestar el fallo favorable que Luis Lobo Vergara consiguió en la Corte de Justicia de Catamarca.
La interminable disputa administrativa y judicial comenzó hace ya casi cinco años, cuando el ahora diputado de JXC, Lobo Vergara asumió en su banca tras ser elegido legislador provincial. En ese entonces, año 2015, ejercía la presidencia del Ente Regulador, organismo en el que había hecho la plancha por más de una década, tras ser designado en la era castillista. Función que debió abandonar para ocupar su banca.
Pero como buen previsor, y sabiendo que la carrera política en cargos electivos es fluctuante y no da garantías de continuidad, Lobo Vergara intentó tramitar una licencia para que le guarden el sillón hasta que culmine su mandato como legislador. Una garantía que, según el radical, le asiste a cualquier empleado del Estado.
No estuvo de acuerdo el Gobierno provincial, en ese entonces gestionado por la ex mandataria Lucía Corpacci. Y no sólo rechazaron el pedido de licencia de Lobo Vergara, sino que además le consiguieron un suplente.
Varios funcionarios del Gobierno y la propia ex mandataria habían cuestionado la utilidad del ENRE tras la reestatización de los servicios de agua potable y energía eléctrica. Y hasta sugirieron en reiteradas oportunidades la eliminación del organismo, que a decir verdad nunca se destacó por su productividad ni gozó de prestigio.
Pero cuando Lobo Vergara asumió como diputado, el Gobierno vio la oportunidad y, ni lerdo ni perezoso, la aprovechó. “El que se va a Sevilla pierde su silla” le cantaron al castillista. A través de un decreto firmado por la ex gobernadora Corpacci, se removió al legislador del ENRE “al encontrarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades previstas” en dos artículos de la ley de creación del organismo autárquico. Y, “de paso, cañazo”, mandaron el pliego de su reemplazo al Senado.
Para agosto de 2016, Lobo Vergara no solo ya había recibido una negativa a su pedido de licencia, sino que además vió como la Cámara de Senadores daba acuerdo para la designación de Miguel Ángel Dabhar, quien asumió en la presidencia del Ente que había quedado vacante.
El revés administrativo no desalentó a Lobo Vergara en la defensa de su parcela. Como buen discípulo de Oscar Castillo, el legislador radical se encariña con los cargos. Y, decidido a defender su membresía vitalicia en el directorio del ENRE, fue a la Corte de Justicia de la Provincia con una acción contencioso administrativa.
La Corte, con la parsimonia que caracteriza a la justicia, se tomó su tiempito para resolver y cuatro años después se pronunció a favor de Lobo Vergara. En un fallo de diciembre del 2020, el máximo tribunal ordenó “la restitución al cargo que desempeñaba como miembro integrante del Directorio del ENRE, debiendo” la Provincia “resolver la situación de la persona que estuviese desempeñándose en dicho cargo”.
Párrafo aparte, porque no es tema central de este escrito, el fallo de la Corte fue con votos divididos (Cáceres y Sesto de Leiva a favor; Cippitelli y Molina en contra) y con el desempate del procurador Enrique Lilljedahl, participando como subrogante. Sistema de subrogancia impugnada y denunciada en numerosas oportunidades por abogados y juristas de la provincia que las consideran inconstitucionales.
Suerte para el diputado litigante que en 2019 fue reelecto en su banca, con lo que consiguió cuatro años más para seguir intentando un resarcimiento en la justicia. Que si no, ya estaría desahuciado y sin el sueldo del Estado que tanta tranquilidad le da.
Por el contrario, el fallo de la Corte de la Provincia indignó al Gobierno, quien accionó un nuevo recurso, esta vez al máximo tribunal nacional. Dispuestos a defender la conquista de ese cargo en un organismo que hasta hace unos años querían suprimir, presentaron un Recurso Extraordinario Federal, pidiendo que revoque el fallo de la Corte de Catamarca. En el escrito, redactado por Fiscalía de Estado, acusa a la sentencia “arbitraria” y asentada “sobre conceptos equivocados”.
El próximo capítulo de la novela se escribirá en los despachos de Talcahuano 550 (CABA). Es una lastima que el máximo tribunal judicial de la República Argentina solo se limite a resolver el conflicto puntual revisando sus formas y legalidad. Porque sería interesante ver que responderían las partes involucradas en este culebrón político-judicial a preguntas como: ¿Por qué tiene usted, Gobierno, tanto interés en un cargo de un organismo que se cansó de decir que ya era inútil y que había que suprimir? ¿Con qué autoridad moral reclama usted, señor funcionario, que se le restituya un cargo con el que participó de la pasividad en los controles de un organismo que abandonó a los usuarios que debía defender? ¿Qué harían Gobierno o funcionario, en el caso de conseguir un fallo favorable, para que ese cargo sea productivo para la sociedad y justifique ese abultado salario que se paga todos los meses?
Pero ese interrogatorio no existirá y nunca se conocerán las respuestas a preguntas tan lógicas. Lo único que habrá es una disputa judicial que ambas partes llevarán hasta el final: el diputado que, mientras come una empanada ya está mirando la próxima que se va a servir, hará todo lo posible por asegurarse que, cuando se le acabe la dieta como legislador, tenga allanado el regreso a su antiguo despacho; y el Gobierno, que no va a retroceder ni un centímetro si se trata de acaparar cargos. Una disputa en la que la sociedad nada gana.
