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Escándalo en Salta: vacunaron a periodistas, tres dirigentes sociales y una diputada provincial

También le aplicaron una dosis de Sputnik V a una cronista. La explicación del hospital de Tartagal en medio de denuncias de irregularidades.

¿Avivada o aprovechamiento de recursos? Una polémica que amenaza con extenderse explotó en Salta después que se conoció que tres dirigentes de movimientos sociales, dos periodistas y una legisladora provincial oficialista recibieron dosis de la vacuna Sputnik V en momentos en que la Argentina lleva adelante una lenta campaña de inmunización contra el coronavirus.

La vacunación, reservada solo a personal de salud en la primera etapa de la campaña, se realizó en el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, que está en el centro de una investigación por irregularidades.

Según el diario El Tribuno, uno de los periodistas que recibió la vacuna en ese nosocomio es Marcelo Torres, quien trabaja en la radio oficial del municipio FM Ciudad. “Personal no esencial recibió la vacuna en Tartagal”, reconoció el gerente del hospital, Juan López.

Qué dijo el hospital

El funcionario explicó que la decisión de vacunar a personas que no forman parte del sistema de salud ni del grupo de adultos mayores, se tomó porque parte del personal sanitario del centro asistencial se negaba a inmunizarse.

“Como toda la opinión pública conoce, durante varias semanas hubo una campaña en contra de la efectividad de la vacuna rusa”, indicó López.

Y afirmó: “Se hacían diversas especulaciones en cuanto a que no había completado todas las fases necesarias para ser aplicada en humanos y se debatía ampliamente que en Argentina íbamos a ser prácticamente una especie de conejillos de indias. Esta situación generó tal desconfianza que ni el propio personal de salud tenía confianza en aplicársela”.

El profesional precisó que “las vacunas vienen en frasquitos que son para cinco aplicaciones y una vez abierto no se los puede guardar y se deben aplicar todas las dosis. En los primeros días nos pasó que seleccionábamos a cinco agentes de salud, tres se colocaban sin problemas y dos literalmente se iban de la fila porque tenían temor”.

Ante esa situación, según la explicación del responsable del hospital, en una ocasión se decidió aplicar la vacuna a tres dirigentes sociales que “aceptaron ponérsela porque no podíamos darnos el lujo de desperdiciar más de la mitad de un frasco”.

“Eso sucedió algunos días hasta que finalmente, y al ver que sus compañeros no tenían ningún efecto adverso, el personal aceptó recibirla sin mayores inconvenientes”, sostuvo.

También una diputada provincial

El gerente del hospital Perón de Tartagal fue un poco más allá y expresó: “Quien se aplicó la vacuna en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal fue la diputada provincial Gladys Paredes”, del Frente para la Victoria y médica de profesión, que estuvo envuelta en un escándalo por insultar al ministro de Salud provincial, Juan José Esteban, en una serie de audios privados que se viralizaron.

“Cuando vino a aplicarse (la vacuna) las chicas encargadas de vacunación le dijeron que no podían suministrársela porque, si bien ella era personal médico, actualmente no está trabajando, pero de todos modos la doctora argumentó que había sido autorizada en Salta. Suponemos que en el Ministerio de Salud pidió ser vacunada por lo que finalmente el personal accedió a proporcionársela. Me parece bien que se la haya aplicado porque es una persona de más de 60 años, que tiene mucho contacto por su actividad legislativa”, dijo López.

Esta semana se divulgaron audios privados en los que la legisladora kirchnerista tildaba de “reputo” al ministro Esteban al que acusaba de demorar el reemplazo del gerente del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Juan López, involucrado en la polémica vacunación de periodistas y dirigentes sociales en su ciudad.

Esteban dijo que el hospital de Tartagal está cargado de irregularidades. La Sindicatura General de la Provincia investiga denuncias contra López por facturar a su nombre la compra de máquinas de diálisis y de dializar pacientes a pesar de que no estar autorizado.

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