Según el informe de la UCA, 20,3 millones de personas no pueden acceder a todos los alimentos básicos, al sistema de salud y a la vivienda digna. Unos 2,7 millones, a su vez, están sin empleo.
La Universidad Católica Argentina (UCA) dio a conocer el “Informe de Avance: Deudas Sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto COVID-19”, el cual refleja los aumentos en las tasas de pobreza, indigencia y de desempleo en el cuatrimestre julio a octubre de este año.
El relevamiento arrojó aumentos de la proporción de la población en estado de pobreza -por no contar con ingresos insuficientes para poder comprar la canasta básica de alimentos y servicios públicos y privados- de 40,8% en 2019 a 44,2% ahora. La cifra comprende a 20,3 millones de argentinos y argentinas, según la proyección al total de la población del país. En el caso del conjunto de los hogares, pasó de 32,1% a 34,9 por ciento. La brecha entre ambas proporciones responde a la mayor densidad demográfica en las familias con menores recursos monetarios.
Las cifras de desempleo, en tanto, subieron, según el informe del ODSA, en el tercer trimestre de 10,6% a 14,2%, cifra que se eleva a más del doble si se agrega el “efecto desaliento” a buscar trabajo. En términos de cantidad de habitantes significó pasar de casi 2,1 millones de desocupados a poco más de 2,7 millones.
Ambos indicadores de la difícil realidad social de la mayor parte de la población resultaron más altos que los anticipados por el Indec: 40,9% pobreza en el promedio del primer semestre 2020; y 13,1% desempleo en el segundo trimestre, principalmente por corresponder a “datos del cuatrimestre siguiente -julio a octubre-, y por efecto de ampliar la consulta a 30 partidos del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, seis más que los consultados por el organismo oficial de estadística”, aclaró Salvia.
“Las medidas de aislamiento obligatorio adoptadas generaron una crisis de oferta y demanda de bienes, servicios y mano de obra laboral, lo cual tendió a alterar la validez de indicadores clásicos utilizados para medir la condición de actividad, la pobreza por ingresos y las demandas de salud y educación, entre otras dimensiones”, resalta el trabajo de más de 250 páginas dirigido por Agustín Salvia, director del ODSA-UCA. La presentación final está prevista para febrero y marzo del año próximo.
Pobreza
El nivel de pobreza se elevó en mayor medida cuando en la medición se agregan indicadores no monetarios, como el acceso a la vivienda digna, servicios públicos esenciales de gas, medicina y medicamentos, educación, entre otros. En ese caso el ODSA arrojó una proporción de 27,3% de la población, casi 6 puntos porcentuales más que el año anterior, aunque en cantidad de hogares subió 2 puntos, de 18,8% a 20,8 por ciento.
Claramente, el aumento de la pobreza y del desempleo no es un fenómeno nuevo, pero en una economía que venía sin crecer en los últimos 10 años, de los cuales los dos últimos había ingresado en un proceso letal para para muchas familias con el paso a otra fase recesiva y aceleración de la inflación, no sorprendió que con la irrupción del covid-19 y las medidas extremas de aislamiento social y suspensión de diversas actividades productivas y comerciales, se acentuaran las carencias en las distintas mediciones sociales. En particular, la denominada “inseguridad alimentaria severa”, pasó de 7,4% de los hogares en 2019, (tras nueve años previos entre 5% y 6%) a 8,6%, y crece a 10,4% de la población, en la estimación para el corriente año.
Mientras que se mantuvo elevada en el salto a 21% del universo que no accedió a atención médica que se había producido el año previo, desde un rango de 14% a 17 por ciento.
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El trabajo define la inseguridad alimentaria como el fenómeno que provoca que “una persona o familia deba reducir de manera involuntaria la porción de comida y/o no la percibieron de manera frecuente, que implican experiencias de hambre de algún componente del hogar por problemas económicos durante los últimos 12 meses”.
Generación de ingreso y patrones de consumo
Destacó el director de Investigación -especialista en reproducción social, trabajo y desigualdad- del ODSA, en un encuentro virtual con la prensa del que participó Infobae: “Para el análisis se tomaron los datos del valor la canasta básica de alimentos y servicios que estima el Indec, pese a que en esta oportunidad no representa una referencia completa porque sufrió alteraciones, al cambiar los ingresos y por tanto los patrones de consumo de las familias y se la comparó con el ingreso medio en términos reales a valores del cuatrimestre julio-octubre de toda la serie”.
Salvia observó que “hubo un comportamiento heterogéneo, con hogares que pudieron agruparse y sumar planes asistenciales, y por tanto hubo movilidad que le permitió incluso en algunos casos salir del estado de pobreza, tanto por ingreso, como en la medición multifuncional. Dos factores explican ese dinamismo, que no es contradictorio, porque mientras hubo quiénes perdieron ingreso por empleo, hubo otros que pasaron a depender más de los planes sociales, y se juntaron. La proporción que pasó a recibir algún tipo de asistencia del Estado o comedores comunitarios, más importante en los hogares con y sin niños, subió a 49% del total, 31% en el caso de los que no tienen niños y 66% en el resto”.
Por ese efecto, el desagregado de la variación de la pobreza por segmento de ingreso arrojó que en el promedio general lograron salir de ese estado el 7,8% de la población, con 1,1% en el tramo medio alto; 11,1% y 10,6% en los siguientes medio bajo y bajo y 6,8% en el extremo inferior; mientras que, por el contrario se sumaron a los sectores carenciados (nuevos pobres) 12,8% de los habitantes: 3,4 puntos porcentuales en la franja superior; 8,2 puntos porcentuales en la media baja; afectó al 18,5% y 17,4% de los estratos bajos y muy bajos.
En términos relativos, en comparación con el relevamiento de 2019, surgió que mientras la pobreza multifuncional se multiplicó por 3 respecto del aumento estimado de la población: 1,8 millones de personas versus 620.000 nuevos habitantes, en el caso de los niños y adolescentes, hasta 17 años, se multiplicó por 21, aumentó en unas 689.000 personas; en tanto en el segmento de los adultos de más de 64 años subió poco menos que la mitad, alrededor de 77.000.
El impacto de la crisis económicas y sanitaria en términos de indigencia se limitó a un crecimiento en 1,2 puntos porcentuales de la población, poco más de 600 mil personas, similar al aumento vegetativo de la cantidad de habitantes, aunque se multiplicó por 5,5 en la franja de hasta 17 años, y cayó en 33 mil casos en la de más de 64 años. Sin duda, en este segmento gravitó la ampliación de los planes asistenciales del gobierno, con los programas alimentar, el Ingreso Familiar de Emergencia, el aumento y alcance de la Asignación Universal por Hijo, y las multiplicaciones de los comedores comunitarios, entre otros.
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“La pobreza monetaria concentra sus efectos en la población localizada en hogares conducidos por personas que afrontan coyunturas de desocupación o subempleo (80,3%), en los segmentos de trabajadores marginales (77,2%) e integrados (54,6%) y en el Conurbano Bonaerense (51,1%). Entre estos grupos, la pobreza crece casi ininterrumpidamente desde 2013-2014 y evidencia un nuevo salto en el contexto de pandemia. La indigencia también aumenta, afectando más a los segmentos marginal (24,8%) e integrado (10,1%) de trabajadores y es transversal a todas las regiones urbanas, aunque con mayor fuerza en el conurbano bonaerense (12%)”, sintetiza el informe privado.
Aumentó la precariedad laboral y la desocupación a más de 28 por ciento
El relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA alerta que la tasa de desempleo subió en el tercer trimestre de 10,6% a 14,2%, pero se eleva a más del doble si se agrega el “efecto desaliento” a buscar trabajo.
“En general, los indicadores no se mostraron extremadamente sensibles por el covid-19, porque sus efectos se verán en el largo plazo”, resaltó Salvia. En particular en lo que respecta a la recuperación de los puestos de trabajo perdidos en el largo período en cuarentena, y con veda al uso de los medios públicos de pasajeros para los empleos y actividades que por decreto fueron declarados “no esenciales” desde el 20 de marzo y que aún persistirán para muchos casos hasta el 20 de diciembre, si es que no se vuelve a prorrogar esa prohibición.
De ahí que, si bien del procesamiento de los datos muestrales surgió un aumento de la tasa de desempleo en el tercer trimestre en el rango de tres puntos porcentuales que había detectado el Indec en la medición del segundo trimestre, en el caso del ODSA-UCA estimó una suba de 10,6% a 14,2% de la población activa de 18 años y más; el nivel más alto de los pasados 16 años.
En términos de cantidad de habitantes significó pasar de casi 2,1 millones de desocupados a poco más de 2,7 millones. Y, según los resultados de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA, “sólo 43,6% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos. Mientras que el 14,2% de esta población se encontraba abiertamente desempleada y el 14,8% sometida a un subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación)”.
Ese cuadro llevó a estimar al ODSA que existe un importante “efecto desaliento” a la búsqueda de recuperar el empleo perdido, principalmente en la franja de los sectores más vulnerables, no sólo porque forma parte de la población con menores ingresos, sino porque esa circunstancia se corresponde con la precariedad laboral que representa desenvolverse en la informalidad, tanto como asalariado o “changas”, o como pequeño monotributista, porque la economía no da señales de incentivos generalizados a la inversión y creación de puestos registrados.
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“Se estima que de no haberse generado ese efecto desaliento la desocupación se habría incrementado a niveles cercanos al 28,5%. Y generó un cambio de composición del mercado de trabajo que amortiguó u ocultó el desmejoramiento de la situación laboral. En 2010 solo el 43,6% de la población económicamente activa poseía un empleo pleno de derechos, mientras que el 27,4% tenía un empleo precario, el 14,8% un subempleo inestable y el 14,2% una situación de desocupación”.
El estudio privado estimó que el mayor impacto negativo de la crisis sobre el mercado de trabajo en términos de proporción real de desocupados, con el agregado de los “desalentados”, se registra en la franja de los trabajadores marginales, con 53,5% del total del grupo; 31,8% en el del trabajador registrado; 19,1% en el medio no profesional y 9,3% entre los de mayor calificación.
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El desagregado del desempleo con efecto desaliento, según condición de vida, lo ubicó en el rango de 23,5% para la franja de trabajadores no pobres y 35,3% en la de pobres.
“Para reducir esos índices de pobreza, que no vienen a competir con la medición del Indec, será clave generar empleos en los sectores informales y de economía social, y que las empresas que operan en blanco puedan acompañar, con cambios en la legislación y subsidios a las pymes que garanticen mejores condiciones de contratación en términos de un mínimo de garantía de salario y estabilidad, porque el delicado cuadro actual no lo podrá resolver solo el Estado”, concluyó Salvia.
Para este relevamiento, la UCA destacó que se hicieron entrevistas telefónicas, por línea fija y móvil a 5.728 hogares con 17.920 personas, residentes en 20 aglomerados urbanos de más de 80 mil habitantes a quienes se les consultó sobre las privaciones económicas o déficit de desarrollo humano, en particular, y en este último relevamiento, el impacto del escenario covid-19.
