El Estado Plurinacional de Bolivia transita horas complejas. Presos amotinados en cuatro de las cárceles más pobladas, el Decreto Supremo que llama a la “Calamidad Pública”, un contagio masivo en una planta engarrafadora en El Alto y próximo a superar el umbral de los 70.000 casos confirmados de coronavirus.
El país amaneció con que los alrededores de la planta engarrafadora de Senkata, en El Alto, se encontraban con el amontonamiento de personas que intentaban comprar una garrafa de gas licuado de petróleo ante la escasez.
Horas más tarde, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que un “contagio masivo” de Covid-19 en el personal de esta fábrica provocó el problema del desabastecimiento.
A su vez, a través del Decreto Supremo N°4301, el gobierno de facto de Jeanine Áñez declaró la “calamidad pública” para “la atención de necesidades impostergables de carácter económico ocasionadas por el efectos negativos” del coronavirus con un crédito del Banco Central de Bolivia (BCB).
La norma en cuestión no precisa los montos y refiere a la concesión de un crédito del BCB “a favor del Tesoro General de la Nación (TGN), a fin de continuar la implementación de acciones de carácter económico destinadas a mitigar los efectos negativos del coronavirus”.
En los últimos días, Áñez ha intentado de todos modos que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe créditos acordados con organismos internacionales, especialmente uno de US$ 327.000.000 provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI).
A su vez, la muerte de un preso sospechado de haber contraído coronavirus provocó disturbios en cuatro de las prisiones más pobladas de la región boliviana de Cochabamba que reclaman por un mayor acceso a la atención médica.
Los medios locales mostraron imágenes de presos que subían a los techos de las cárceles, pidiendo medicamentos y acceso a médicos: “Instamos a los equipos médicos a realizar una evaluación dentro de las instalaciones de la prisión para evitar más muertes”, dijo el defensor del pueblo de Cochabamba, Nelson Cox.
Ocho reclusos en total han muerto con síntomas de COVID-19, según Cox, lo que aumenta la preocupación de que el virus se propague a toda la población carcelaria.
Las autoridades han reportado más de 60 muertes debido al coronavirus en el sistema penitenciario de Bolivia, que está superpoblado a más del 240% de su capacidad. Ha habido varias otras muertes en los últimos meses que no fueron confirmadas como causadas por el coronavirus debido a la falta de pruebas.
