Tal como sucede en otras provincias del país, internos del Servicio Penitenciario Provincial aprovechan la situación sanitaria producida por el brote de COVID-19 para solicitar ser beneficiados con prisión domiciliaria.
Se trata de entre 10 y 12 presos que expusieron, a través de sus defensas, entre otros argumentos, problemas de salud que los hace formar parte de los grupos de riesgo y avanzada edad.
La jueza de Ejecución Penal N°2 Elena Berrondo, a cargo durante la feria judicial extraordinaria dispuesta en el marco de la pandemia, informó que a través del Servicio Penitenciario le remitieron una serie de pedidos de prisión domiciliaria que se relacionan con el coronavirus.
“La prisión domiciliaria no es un instituto automático. Requiere de trámites que deben determinar si el caso se encuadra en alguno de los supuestos que establece la norma y a raíz de eso, se solicitan todos los informes que el Servicio Penitenciario pueda llevar a cabo con médicos, psicólogos, y un informe social”, explicó.
Indicó que en el caso de quienes aducen problemas de enfermedad es fundamental el informe médico, y remarcó la necesidad de “analizar cada uno de los casos de acuerdo a los elementos que se puedan reunir y de allí en más, resolver por la procedencia o el rechazo de la prisión domiciliaria”.
Hizo hincapié en que las “circunstancias o causales deben ser acreditadas en cada causa en particular a través de todas las informaciones que pueda requerir, que presenten los interesados o a solicitud de fiscal; y recién allí dictar una decisión con relación a la procedencia o no del pedido”.
