Gils Carbó está más cerca de ser procesada por un inmueble

Alejandra Gils Carbó , está cerca de ser procesada por el juez federal Julián Ercolini

La procuradora general, Alejandra Gils Carbó , está cerca de ser procesada por el juez federal Julián Ercolini por la compra de un edificio para el organismo, operación por la cual cobró una comisión millonaria el familiar de un funcionario que estaba a cargo de la transacción.

La noticia del procesamiento de Gils Carbó está siendo esperada por el Gobierno ansiosamente, pues piensa reactivar una estrategia con la que cree que a fin de año tendrá cercada a la procuradora.

Gils Carbó fue nombrada por Cristina Kirchner y es vista por el Gobierno como el motor que impulsa a un grupo de fiscales a hacer denuncias contra funcionarios. Si bien la Casa Rosada le reclamó públicamente la renuncia, ella anunció que no se irá porque su cargo es vitalicio.

El procesamiento contra la procuradora está a estudio de Ercolini, quien reunió una serie de pruebas que podrían comprometerla porque demostrarían que consintió la compra del inmueble que está bajo investigación.

La razón es una causa por la que Gils Carbó fue indagada el 31 de agosto pasado por la compra del edificio de la calle Perón 675, donde está actualmente la Procuración.

Ese inmueble es un palacete de la familia Bemberg, de fines del siglo XIX, conocido como edificio Cangallo, que la Procuración compró en 2013 por 43 millones de pesos (poco más de 8 millones de dólares al cambio de aquel momento).

La investigación estableció que la licitación para comprar el edificio fue direccionada por los funcionarios que intervinieron para adjudicarla a la empresa Arfinsa, que era dueña del palacete.

Ya en 2012 se había llevado adelante una licitación para comprar un edificio para trasladar la administración de la Procuración, pero en la etapa de preadjudicación de un inmueble de la calle Alsina se decidió dar marcha atrás. La compra se frustró porque ya no se podían usar las partidas presupuestarias de ese año.

Gils Carbó anuló esa licitación y llamó a otra para trasladar su despacho a un lugar que permitiera “respetar la presencia institucional del organismo”, según dijeron los testigos. Pero la nueva licitación se direccionó para que la inmobiliaria Jaureguiberry pudiera concretar la venta. La empresa sabía que se iba a publicar la licitación antes de que se hiciera.

La inmobiliaria contó con el asesoramiento de Juan Carlos Thill, un broker de seguros que es medio hermano de Guillermo Bellingi, subdirector general de la Procuración, nombrado por Gils Carbó, que, según testigos, le reportaba a ella y seguía la marcha de la licitación.

Thill y la inmobiliaria firmaron un convenio para repartirse la comisión antes de que la licitación se publicara.

Arfinsa pagó una comisión de $ 7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento y ésta, a su vez, pagó $3 millones a Thill.

“Funcionario infiel”

Gil Carbó dijo ante el juez Ercolini cuando fue indagada que fue engañada por un funcionario infiel, aseguró que el negociado se hizo a sus espaldas y rechazó tener relación con el cobro de comisiones. Dijo que hubo un “negocio oculto” que ella desconocía.

“Jamás advertí ninguna irregularidad ni la advierto ahora. Nada me llamó la atención porque ganó el inmueble de mejor precio, más de 20 funcionarios de distintas áreas aprobaron todo, el edificio llenaba todas las condiciones necesarias y el precio era inferior a la cotización oficial”, sostuvo en su indagatoria ante el juez.

Ahora Ercolini resolverá si tiene alguna responsabilidad penal por haber aprobado esa compra. Gils Carbó visitó el edificio antes de su adquisición, estableció que estuviera cerca de otras dependencias de la Procuración, que tuviera auditorio, cochera y una bóveda de seguridad.

Tras la operación Thill realizó “sospechosas extracciones” del banco en efectivo y diversas operaciones, que vinculó con el reparto de la plata a terceros. Para la fiscalía, a cargo de Eduardo Taiano, esa plata fue a su hermano y funcionario Bellingi y deslizó que pudo ir a manos de Gils Carbó.

No hay evidencia de que la procuradora se hubiera quedado con dinero, pero el juez evalúa que al momento de la operación dejó por escrito que la Procuración no iba a pagar ninguna comisión. Se analiza qué grado de conocimiento tenía Gils Carbó sobre el pago de la comisión que efectivizó el vendedor.

A la funcionaria se le imputa no sólo que no verificó, sino que también consintió.

Ercolini analiza por estas horas si en las próximas semanas firma el procesamiento de la procuradora.

El Gobierno pretende usar esta causa como ariete para acorralar a Gils Carbó. Su plan se pondrá en marcha después de las elecciones del 22 de octubre, cuando descuenta que ganará.

Primero esperan que Ercolini la procese y que la Cámara Federal confirme esa decisión.

Con esos elementos, el caso estará en condiciones de ser elevado a juicio oral, pero nada es inmediato.

No obstante, el Gobierno cree que un procesamiento firme implica un estado de sospecha suficiente como para convencer a los legisladores y llegar a un acuerdo que le permita aprobar una reforma a la ley de Ministerio Público.

Esa nueva norma, proyectada por el Ministerio de Justicia, pretende ponerle un límite temporal al mandato del procurador, pero también establecer un mecanismo de remoción. Y así usar ese mecanismo para forzar la salida de Gils Carbó.

Todas estas modificaciones, se esperanzan en el Gobierno, podrían tener lugar después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos diputados y senadores. Con ello sumará el número necesario, creen, tanto para forzar una salida por el nuevo mecanismo de remoción como para avanzar con el juicio político.

En la Casa Rosada sostienen que con el nuevo Congreso tendrán las mayorías necesarias para eyectar a Gils Carbó por uno u otro camino.

El Gobierno ya fracasó a fines del año pasado en un intento anterior cuando acordó con la oposición una reforma a la ley del Ministerio Público que le daba el control a la comisión bicameral presidida por Graciela Camaño, del massismo. Fue Elisa Carrió quien dinamitó ese acuerdo cuando dijo públicamente que era inconstitucional. Los senadores peronistas reclamaron entonces que Cambiemos primero se pusiera de acuerdo puertas adentro y que recién entonces iban a conversar. Parece que después de octubre será el momento.