La corrupción que se minimiza; la corrupción que se premia

La corrupción que se minimiza, la corrupción que se premia.

Días atrás, promocionado con parte de prensa y foto de ocasión, la gobernadora Corpacci puso en funciones a la nueva Jefa de Gabinete del Ministerio de Educación de la provincia. La asunción de Belkys Vera Sarmiento, promovida desde una dirección del mismo ministerio, podría pasar desapercibido como un nombramiento más entre tantos. Pero con un poco de memoria salen a superficie dos cuestiones preocupantes relacionadas al cargo y a la funcionaria. Dos cuestiones que bien explican porque la corrupción económica está tan enquistada en el Estado que hasta funciona a nivel estructural.

La corrupción que se minimiza 

La primera: la jefatura de Gabinete del Ministerio de Educación estaba bacante desde la renuncia del anterior titular, Aldo Creche, en mayo del año pasado. La jefatura había sido creada por Daniel Gutiérrez, cuando reemplazó a José Ariza en Educación y Creche fue el primer titular. Creche y Gutiérrez habían compartido el directorio de Catamarca Radio y Televisión y juntos llegaron a la cartera educativa.

Sin embargo, la causa de los sobresueldos en Educación, develados por la denuncia de la Unión Docentes Argentinos que publicó una lista de funcionarios que cobraban sumas de dinero por afuera de sus salarios, terminó haciendo renunciar a Creche. Pero de la trama de corrupción no se dijo mucho más.

Si bien la justicia investiga los hechos con la instrucción del fiscal Marcelo Sago, desde el Ejecutivo y en el plano político se hizo lo posible para que todo pase desapercibido. Haciendo las declaraciones mínimas inevitables y minimizando el asunto.

Tanto el ministro Gutiérrez como la gobernadora Corpacci se apresuraron a quitarle importancia al asunto, dando explicaciones bastante ambiguas e imprecisas sobre lo que sucedió. Gutiérrez habló de un “error” que “se corrigió” y Corpacci avanzó con tibieza en achacar responsabilidades a Creche, diciendo que fue “una idea” que “no era ideal” y que como “el diablo mete la cola, terminó siendo”. Pocas precisiones en una explicación que más que aclararle algo a la sociedad buscaba caratular a lo sucedido como un hecho menor no punible.

Solo el Centro de Control del Gasto en Personal de la Subsecretaría de Recursos Humanos elaboró en ese momento un informe en el que se advertía que se habrían violado diferentes artículos y prohibiciones del Régimen Único de Acumulación de Cargos y señalando la incompatibilidad de los funcionarios que cobraron horas institucionales en IES de la provincia. Según este informe, la gravedad de los hechos ameritaba el sumario administrativo para estos 20 funcionarios y la suspensión sin goce de haberes.

El ministro Gutiérrez dijo “no coincidir” con el dictamen y rechazó la aplicación de sanciones, porque consideró lo sucedido “un error remediado”. La gobernadora Corpacci dió a entender que la renuncia de Creche era “lo que correspondía” y alcanzaba para zanjar el asunto.

Y allí quedó todo. Aunque es difícil aceptar que el cobro de sobresueldos mediante la asignación de horas institucionales del nivel terciario a unos 20 funcionarios sea una “idea no ideal” de un solo funcionario, sin la participación o aceptación de nadie más.

Desde la lógica del enriquecimiento ilícito no tiene sentido que Creche montara, en solitario, todo un sistema para otorgarle sobresueldos a más de 20 funcionarios, como si se tratará de un Robín Hood de la corrupción. Sobre todo, teniendo en cuenta que en el informe del Centro de Control del Gasto, se indicó que de la lista de 23 funcionarios incluida en la denuncia de UDA, Creche y dos funcionarios más no cobraban los sobresueldos.

Para cualquiera que se deje llevar un poco por el sentido común, los sobresueldos de educación se trató de un sistema que demandó la participación técnica y administrativa de varias personas y que se asignó a un grupo de funcionarios escogidos con alguna lógica y con algún grado de aceptación de su parte.

Pero para el Ejecutivo, luego de explicaciones vagas y escuetas, lo mejor fue dejar pasar 14 meses y volver a ocupar el cargo bacante. Pero ahí viene el otro asunto, igual o más grave.

La corrupción que se premia

La segunda cuestión es: la reemplazante de Creche (el fusible que saltó para aliviar la polémica), Belkys Vera Sarmiento, estaba en la lista de funcionarios que cobraban sobresueldo, según la denuncia de UDA. Confirmado por el informé del Centro de Control del Gasto, que solo exculpó de esa lista a Creche y dos funcionarios más.

Así de insólito. Un funcionario renuncia por una denuncia de corrupción y en su lugar, 14 meses después, asume una funcionaria involucrada en la misma trama. Es cierto que la sentencia de culpabilidad administrativa y penal solo la pueden dar los órganos de control internos y la justicia. Y solo estos pueden determinar, de manera más o menos vinculante, el castigo.

Ya está visto que en el plano administrativo los apercibimientos no procedieron ni lo van a hacer. El ministro Gutiérrez decidió omitir la investigación del Área de Control y sus sugerencias de sumarios y suspensiones.  De hecho, si los hubiera aplicado, Vera sería una de las apercibidas. Por su parte, la justicia pude demorar años en llegar a una conclusión. Si es que la causa no naufraga en el trayecto, como tantas otras investigaciones judiciales por corrupción.

Ahora bien, si en el caso del ex jefe de Gabinete, Aldo Creche, la renuncia fue “lo que correspondía”, aunque no hubiese sentencia ni culpabilidad judicial comprobada, no se entiende la diferencia de criterio en el caso de Vera. Que no solo siguió en su cargo, sino que ahora fue promovida.

Para mayor sorpresa, en su gestión al frente de su anterior función como directora General de Administración, Belkys Vera presentó con mucho orgullo un sistema informático, bautizado Felipe Varela, para administrar las altas y bajas del Ministerio de Educación. En esa oportunidad, Vera destacó la seguridad del flamante sistema que por “tener toda la información” no iba a “permitir que se cargue algo que está mal”.

O el sistema falló o la “teoría del error” con la que Gutierrez explicó los sobresueldos no tiene sustento. En cualquiera de los escenarios, Vera tendría responsabilidad. Ya sea por la falla en el sistema implementado en su área o por permitir que se vulnerara un sistema que no permitía “que se cargue algo que está mal”. Además claro, por haber cobrado los sobresueldos, siendo esto lo más grave de todo.

A menos que Aldo Creche, solo y por puro gusto, haya vulnerado un sistema informático para otorgarle sobresueldos a 20 funcionarios, incluida Vera, sin que estos supieran ni nunca fueran avisados para que, aunque sea, saquen provecho del dinero que se les depositaba. Y sobre todo, sin ningún beneficio personal. Hipótesis descartada por lo improbable.

Por lo que no queda mucha alternativa que aceptar que el nombramiento de Belkys Vera es una clara explicación como la corrupción se enquista en el Estado y hasta funciona a nivel estructural.