Las armas (y la falta de controles) matan

Las armas son para matar. O en el mejor de los casos para hacer daño. A veces muy grave. No es válida discusión sobre quien las maneja, ni hace excepciones si las tienen los buenos o los malos. Y estar en poder de una no garantiza seguridad, protección ni tranquilidad. En estos últimos días se produjeron en Catamarca diversos sucesos que dejan claro el poder mortífero de las armas, las graves consecuencias de su uso. Y debería replantear el debate sobre las tenencias de armas en la sociedad civil y los planes de desarme.

Mario Andrés  Robledo murió acribillado frente al Hotel Casino, ultimado en un aparente ajuste de cuenta por el robo de motos. Sebastián Ramón Pereyra murió de un disparo en el omóplato. Fue en un intento de robo, al que se resistió y del que trato de huir asustado por el arma de fuego. Gastón Castro murió en un confuso episodio, en manos de los dueños de la casa a la que había entrado a robar. Aunque fue golpeado por los hombres de la familia damnificada, fué un disparo lo que causo la herida mortal. Lisandro Marcolli estuvo al borde de la muerte, y hasta hoy permanece en terapia intensiva, al ser herido por un disparo accidental de un arma que manipulaba un amigo suyo.  Un muestrario de las consecuencias nefastas de la tenencia de armas en la población civil. Todo en menos de diez días.

Según la Agencia Nacional de Materiales Controlados, en Argentina hay 1.541.497 armas registradas; 979.508 usuarios registrados. Se calcula que en el mercado ilegal y sin registración hay la misma cantidad o más. Según estimaciones oficiales, entre el 40 y 50 por ciento de las personas que tienen registradas armas tiene los permisos de tenencia vencidos.

Según estadísticas de la Red Argentina para el Desarme (RAD), cada 180 minutos una persona muere a balazos. Un estudio del Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y Homicidios Agravados por el género del Ministerio de Justicia señala que, de 2012 a febrero de este año, las armas de fuego  fueron el medio más utilizado en estos casos. El informe precisó que 208 mujeres fueron asesinadas por disparos de bala en ese período sobre un total de 815 casos para un 25 por ciento. Según la Red, la presencia de un arma de fuego en el hogar incrementa para las mujeres el riesgo de ser asesinadas un 172%.

La directora Ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales e integrante de la Red Argentina contra el Desarme, Aldana Romano, indicaba que las armas, más que seguridad, transmiten violencia y potencian riesgos. Solo el 25% de las muertes por armas de fuego se producen en un robo o hechos de inseguridad. Mientras que el 75% de los homicidios por armas no se produce por delitos como el robo sino por conflictos interpersonales como peleas entre vecinos y casos de violencia machista.

Está demostrado que la mayoría de las armas que se usan en delitos o se encuentran en el mercado negro, en un principio fueron de procedencia legal y luego ingresaron a la ilegalidad, ya sea por el robo a sus legítimos dueños o trasferidas irregularmente.

Las estadísticas además son contundentes en cuanto a demostrar la poca efectividad que la posesión de un arma de fuego tiene para garantizar la seguridad. Y, al contrario, si dejan probado que el intento de defensa con un arma de fuego durante un robo incrementan exponencialmente las posibilidades de que la víctima resulte herida o muerta.

En el caso en el que las víctimas de un robo logran repeler o hasta matar al ladrón, los problemas que surgen luego hacen insignificante la sensación de seguridad que pudo haber dado el arma en el momento del hecho. Volviendo a la escena de Catamarca, tras la muerte de Gastón Castro, la familia Ponce vive el terror de la venganza y la preocupación de la detención de dos de sus miembros.

La posesión de armas en manos de la sociedad civil es la explicación de la mayoría de esas muertes. Usando un ejemplo extremo para ilustrar el punto, si no hubiera ningún arma en manos de civiles, no podría haber ninguna muerte por armas de fuego accionadas por estos.

Ese es el punto donde entra el debate sobre el derecho legítimo de la ciudadanía a estar armada, discusión que divide muchísimo la opinión y hasta conforma patrones culturales. En Estados Unidos, por ejemplo, según un artículo del diario El Mundo de España, nadie sabe con certeza cuántas armas de fuego hay. Sólo hay estimaciones de distintas organizaciones -y no demasiado actualizadas- que indican que hay más armas que habitantes. Según la Universidad de Sídney, en la década de 2000 a 2010 un 52,8% de hogares en EEUU tenía, al menos, un arma de fuego. La Universidad de Chicago sitúa la cifra en 2014 en un 32% de los hogares. Derecho que los ciudadanos defienden con enorme celo.

Si la respuesta del Estado es permitir la posesión de armas en la sociedad civil, el siguiente punto de la discusión es como se lo controla. Y ese es otro de los aspectos en los que Argentina flaquea peligrosamente. Según los cálculos de la Red Argentina para el Desarme, hay unos 800 mil tenedores legales de armas con sus permisos y respectivos certificados físicos y psicológicos vencidos. Situación a la que se llega por la falta de controles. Uno de los motivos, tal vez el principal, es la falta de personan el en organismo encargado; hoy la Agencia de Materiales Controlados, sustituyente del antiguo RENAR.

El desarme de la sociedad civil y la concientización de la peligrosidad de la posesión de armas es el objetivo de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, que se encuentran estancados en la falta de apoyo estatal. Argentina tenía un plan de desarme que consistía en la entrega voluntaria de armas en posesión de civiles. El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, decretado en un marco de Emergencia Nacional de Armas de Fuego, consistía en la entrega anónima de armas a cambio de una suma de dinero, de alrededor de 1.000 pesos. Desde 2007, el Programa recolectó 175.678 unidades no registradas (con unas 120 mil en el primer año). El plan fue distinguido y puesto de ejemplo a nivel mundial por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Pero en 2015 el RENAR, creado por la ley Ley Nacional de Armas y Explosivos en 1973, fue convertido en la ANMAC. Y a partir de allí una serie de situaciones no resueltas o mal implementadas, sobre todo relacionadas con la financiación, paralizaron el plan. Así lo denuncias desde las organizaciones que trabajan por el desarme.

La sucesión de hechos trágicos ocurridos en Catamarca deberían despabilar la discusión y poner el debate nuevamente sobre la mesa. Sin olvidar que las armas están hechas para matar. Y en algún momento se llevan una vida.